miércoles, 7 de diciembre de 2016

HARD GZ FT GONA . 6700 KM DE EMPATIA. VENEZUELA ( CATIA PARROQUIA SUCRE ) -ESPAÑA ( GALICIA- CORCUBIÓN )

Hard Gz ft. Gona - 6700km de Empatía 3/3



La meta principal de estos videos es sentir EMPATÍA y realizar el ejercicio de vivir en carne propia la realidad de otras personas.

El 1er Capítulo (https://goo.gl/LSPOVw) fue grabado en la capital de Venezuela, Caracas, específicamente en Catia de la parroquia Sucre. El país caribeño es uno de los más peligrosos del mundo, con alarmantes estadísticas de violencia e inseguridad ciudadana, el cual se encuentra atravesando una profunda crisis económica. Pero, al mismo tiempo, tiene un encanto único, un sin fin de hermosos paisajes e importantes reservas naturales.

 El 2do Capítulo (https://goo.gl/lGA533) fue grabado en Galicia, al Noroeste de la Península Ibérica Española. GONA recorrió #6700KM para llegar a Corcubión, un pueblo pesquero muy cerca del final de la tierra, tan místico como la profundidad del mar que rodea esta bonita costa, tan fuerte como el trabajo mar adentro.

Este 3er Capítulo es la unión de ambas realidades, mostrando detalles y una percepción clara sobre los dos países.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONCEDE TFUE A DESCENDIENTE MAYOR DE EDAD DE ESPAÑOL VÍA ARTÍCULO 8 DEL RD 240/2007 . NO ES NECESARIO ACREDITAR CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE NO SEA UNA CARGA PARA EL ESTADO ESPAÑOL

Roj: STSJ CL 4099/2016 - ECLI:ES:TSJCL:2016:4099
Id Cendoj: 09059330012016100226
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Burgos
Sección: 1
Nº de Recurso: 166/2016
Nº de Resolución: 240/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: EUSEBIO REVILLA REVILLA
Tipo de Resolución: Sentencia

En la ciudad de Burgos, a dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis

SUPUESTO DE HECHO 

Por resolución de 4 de febrero de 2.016, confirmada en alzada, de la Jefa de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Segovia se acuerda se acuerda denegar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión al ciudadano cubano D. Evelio , y ello por aplicación del art. 7.2 en relación con el art. 2.c) del Real Decreto 240/2007 y ello por no acreditar D. Teodulfo (ciudadano español que da derecho de residencia al solicitante) que disponga de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia.

Dicha solicitud se desestima tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, en aplicación del art. 7.2) del RD 240/2007 por no acreditar D. Teodulfo (ciudadano español que da derecho de residencia al solicitante su hijo de nacionalidad cubana) que disponga de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia, se trata seguidamente de dilucidar si es exigible o no en el presente caso el cumplimiento de dicho requisito.

(...)

Y así las cosas, y entrando en el examen del primer motivo esgrimido en el recurso de apelación, considera la Sala que en el presente caso la solicitud de dicha tarjeta de residencia debe resolverse a la vista de lo dispuesto en el art. 8 del citado RD 240/2007 y no aplicando el art. 7 de ese mismo Real Decreto , como erróneamente realizan las resoluciones administrativas impugnadas y la sentencia apelada.
Así, el citado art. 7 regula el supuesto de residencia en el territorio del Estado Español por un período
superior a tres meses de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en el núm. 2 de referido artículo se contempla la ampliación del derecho de residencia del art. 7.1 a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reúnan con él en el Estado español.

Sin embargo el art. 8 del citado RD 240/2007 regula el derecho de residencia de los miembros de la
familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo especificados en el artículo 2 del presente real decreto , que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período superior a tres meses. Estando en el presente caso ante un ciudadano español que reside en España y ante la solicitud de un hijo suyo, de nacionalidad cubana, que está a su cargo y que quiere acompañar al primero y reunirse con él en España por un tiempo superior a tres meses, está obligado a solicitar y obtener la tarjeta de residencia de familiar de Ciudadano de la Unión conforme a lo previsto en el citado art. 8.
Este mismo criterio es el acogido por la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo


También sobre la aplicación del art. 8 del RD 240/2007 , se pronuncia para un caso similar esta Sala en su sentencia de 11.12.2015, dictada en el recurso de apelación num.155/2015 (como también lo había hecho la Administración al resolver sobre ese supuesto) cuando al respecto señala lo siguiente:

"Y ello es así porque examinada de nuevo la totalidad de la documentación incorporada por la parte
demandante, hoy apelante, tanto al expediente administrativo como al presente recurso, se comprueba, que no se ha acreditado por dicha parte, como era su obligación, según resulta de lo dispuesto en el art. 8.3.d) del citado RD 240/2007 , que la solicitante de la tarjeta de residencia familiar de Ciudadano de la Unión, llamada Graciela , de nacionalidad argentina, nacida el día NUM000 .1991 y por tanto con 23 años en el momento de formular dicha solicitud, viviera a cargo de su padre, el ciudadano español D. Alfredo con anterioridad a formular dicha solicitud, cuando la apelante tenía fijado su domicilio en Argentina, toda vez que salió de Argentina dirección a España el día 5.10.2014, entrando en territorio español, vía Italia el día 6.10.2014"

También se refiere a esta cuestión la sentencia del TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de fecha 13-9-2016, nº 622/2016, rec. 1117/2015 (Pte: Garrido González, Fausto), cuando al respecto razona lo siguiente:

"El Régimen Jurídico aplicable al supuesto de autos es el constituido por el Real Decreto 240/2007, de 16 febrero, que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 (recurso 114/2007 ), regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública...

(....)

Por el contrario la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid de 6.7.2012 reseñada en la sentencia apelada, aunque se pronuncia sobre la aplicación del RD 240/2007 para un caso como el de autos, sin embargo en dicha sentencia no se enjuicia ni analiza la aplicación del art. 7 o en su caso del art. 8 del citado Real Decreto, ya que en ese caso se trata de un supuesto de visado y no de una solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, como es el caso presente

CUARTO.- Siendo aplicable el art. 8 del citado RD 240/2007  al supuesto de autos, es decir a la solicitud formulada por D. Evelio , de nacionalidad cubana, se comprueba que en ningún momento es exigible al solicitante de dicha tarjeta que tenga que acreditar, como exige la sentencia apelada y las resoluciones administrativas impugnadas, que en este caso su padre, ciudadano de la Unión y más concretamente de nacionalidad española y con residencia en España, tenga que acreditar que dispone de recursos suficientes para que su hijo que pretende reunirse con él y acompañarle no constituya una carga para la asistencia social durante su residencia en España. 

Por tanto al no ser exigible dicho requisito, cuya concurrencia se exigía por aplicación indebida del art. 7 del RD 240/2007 , tanto por la sentencia apelada como por las resoluciones administrativas impugnadas, no puede existir incumplimiento del mismo, y no constando en autos que no se haya dado cumplimiento al resto de los requisitos exigidos en el art. 8 del RD 240/2007 para la solicitud formulada por D. Evelio , es por lo que procede concluir que asiste al anterior el derecho a que le fue otorgada la tarjetade residencia de familiar de ciudadano de la Unión solicitada, solicitud que le había sido denegada de forma indebida tanto en vía administrativa como en vía Jurisdiccional por aplicación errónea del art. 7.2 del RD 240/2007 .

Por todo lo expuesto, procede estimar el presente motivo de impugnación, y la estimación del mismo
hace innecesario entrar en el examen de los demás motivos esgrimidos por la parte apelante, aunque también resulta evidente que en el presente supuesto de no accederse a la solicitud formulada se estaría vulnerando el derecho a la libre circulación y residencia del anterior en territorio español, que le asiste como hijo de ciudadano español y en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE, y también se estaría vulnerando el derecho a la reunificación familiar reconocido tanto en la normativa española y comunitaria como en el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La estimación del recurso en este concreto extremo conlleva la revocación de la sentencia apelada y
de sus fundamentos, para en su lugar dictar nueva sentencia en la que tras estimarse el recurso contencioso administrativo, se anulan las resoluciones administrativas impugnadas por no ser conformes a derecho, otorgándose al solicitante D. Evelio la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión solicitada en su momento.


sábado, 26 de noviembre de 2016

#TenUnGesto, gestos que cambian realidades con @MedicosdelMundo

FRÁGIL EQUILIBRIO , DE GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ




                             «Frágil Equilibrio», de Guillermo García López, muestra tres historias de vida que son reflejo de toda una sociedad y que crean en el espectador la obligación inevitable de cuestionarse si está haciendo lo correcto                          

Los discursos de expresidente urugayo supusieron el germen de «Frágil Equilibrio», una producción que no lo ha tenido fácil en cuestiones de financiación y que ha podido llegar a las pantallas gracias al crowdfunding. «Nos dimos cuenta de que el discurso de Mujica debería estar ubicado en cualquier lugar y espacio, como por ejemplo una película». La cinta de Guillermo García muestra tres historias ubicadas en tres continentes: unos ejecutivos de Tokio dedicados en cuerpo y alma al trabajo, una comunidad subsahariana en el Monte Gurugú que lucha por conseguir una vida que ahora no posee, y varias familias de Madrid que lo han perdido todo por culpa de la crisis. Solo tres retratos, pero muchas historias en cada uno de ellos.

http://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-pelicula-jose-mujica-pretende-hacerte-reflexionar-201611260127_noticia.html

HASTA SIEMPRE COMANDANTE


viernes, 25 de noviembre de 2016

MANIFIESTO FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO TENERIFE . DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


TEXTO:

En este 25 de Noviembre de 2016, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, alzamos nuestras voces para exigir el fin de las violencias patriarcales y para defender el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Hoy, la lucha continúa. Porque seguimos contando mujeres asesinadas. Porque seguimos sufriendo violencia económica y violencia institucional. Porque seguimos sometidas a las violencias sexuales, como una de las expresiones más brutales del sistema heteropatriarcal. Un sistema que expropia nuestros cuerpos, convirtiéndolos en un objeto sexual que puede ser explotado, violado, mutilado, utilizado y desechado en cualquier espacio, en un continuum de violencia que adquiere su forma más extrema en los feminicidios o crímenes machistas.
Unas violencias sexuales que han sido normalizadas y aceptadas socialmente, cuando no invisibilizadas e incluso negadas. En el Estado Español, cerca de millón y medio de mujeres han sufrido alguna vez violencias sexuales, de las cuales menos de un 3% llega a denunciarlo. La vulnerabilidad antes estas violencias es aún mayor en el caso de adolescentes, niñas y niños. De las violaciones registradas en los últimos 5 años, el 28% fueron a chicas y niñas menores de 18 años. Asimismo, los estudios revelan que aproximadamente un 15% de los niños y un 23% de las niñas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, la mayor parte de las veces por parte de miembros de su propia familia o por personas muy allegadas de su entorno. Unas vulnerabilidades a las que también se ven expuestas las mujeres migrantes, las mujeres con diversidad funcional, las lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, las jóvenes, las mujeres que ejercen la prostitución… Ante esto, nos encontramos con una respuesta perversa por parte del sistema, que tiende a culpabilizar y cuestionar la credibilidad de quienes denuncian, minimizando y enmascarando estas violencias y cuestionando su propia existencia.

En este 25 de noviembre, queremos denunciar especialmente la violencia institucional a la que están siendo sometidas las mujeres migrantes que permanecen retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), privadas de libertad y sometidas a condiciones de vida degradantes, muchas de las cuales se han visto expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad durante el proceso migratorio (trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, procedencia de zonas de conflicto, agresiones intrafamiliares en origen…), y que están viendo conculcados sus derechos humanos más fundamentales, como consecuencia de las políticas racistas y xenófobas de nuestros gobiernos.

Desde aquí, una vez más, exigimos a los Poderes Públicos que asuman sus responsabilidades en la prevención y erradicación de las violencias machistas, desarrollando legislaciones y políticas efectivas que aborden adecuadamente las causas que las sostienen, reproducen y perpetúan. No se puede seguir mirando para otro lado en el momento de la elaboración de los presupuestos y haciendo declaraciones solemnes, mientras sigue habiendo listas de espera en los servicios de atención, precariedad en las condiciones laborales de las trabajadoras de los recursos, ausencia de asistencia letrada durante la interposición de denuncias, ausencia de programas de prevención o cierre de los recursos especializados en violencia sexual. En un día como el de hoy, queremos recordarles que no es con lazos, globos, luces y carteles en las fachadas como se acaba con las violencias machistas, sino habilitando los recursos económicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para el desarrollo de políticas que permitan erradicar estas violencias. Mientras esto no ocurra, el sistema seguirá siendo cómplice de los crímenes machistas y responsable de estas muertes.
Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la sociedad a mostrar un compromiso activo en la lucha contra todas las formas de violencia machista, empezando por nuestros entornos más inmediatos, y a posicionarnos individual y colectivamente en la defensa activa del derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2016

domingo, 20 de noviembre de 2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONFIRMA LA SENTENCIA DEL TSJ VALENCIANO . NO SE PRECISA LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA REGULAR CON SU AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO DE LA C.A VALENCIANA

Roj: STS 4896/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4896 Id Cendoj: 28079130052016100419 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 2024/2015 Nº de Resolución: 2370/2016 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO Tipo de Resolución: Sentencia

(...)
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 24 de octubre de 2014, en el recurso 1131/2011 , interpuesto por la hoy aquí recurrida y no personada, doña  Gracia  , contra resolución del Secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana, de 9 de septiembre de 2011, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra otra del Director General de Justicia y del Menor, de 3 de junio de igual año, por la que se acuerda tener por desistidos a don  Eusebio  , de nacionalidad española, y a la ya mencionada doña  Gracia  , de nacionalidad colombiana, en su solicitud de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, por no aportar doña  Gracia  el correspondiente número de identidad extranjero (NIE).
La sentencia recurrida estima el recurso, anula las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho de la recurrente a la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.
La razón para el acogimiento del recurso se recoge en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida cuando expresa lo siguiente:
<<[...] considera este Tribunal que la pretensión de la parte actora debe tener favorable acogida. Así, la inscripción de uniones de hecho en la Comunidad Valenciana tiene una regulación específica, recogida en el Decreto 61/2002, de 23 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las uniones de hecho, cuyo artículo 14 establece: " 1. La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, y se consignará en la misma, declaración responsable de no tener otra unión estable con otra persona ni otra unión de hecho inscrita, de no tener entre sí relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni en línea colateral por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Copia de los documentos de identificación de los solicitantes. ........".

(...)

Como resulta de la lectura de los preceptos estatales transcritos, en especial del artículo 100.1,del RD 557/2011  la identidad del extranjero en España se acredita con la documentación con la que hubiera entrado en nuestro país, expedido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. Así viene a reconocerlo la propia Administración autonómica cuando, entre las alegaciones formuladas en el escrito de interposición del recurso de casación, sostiene que en el caso de ciudadanos extracomunitarios, cual es el caso, el único documento válido para acreditar la identidad es el pasaporte expedido por el Estado del que es nacional.
En consecuencia, aportado el pasaporte por el recurrente, cae por su base el motivo casacional, con independencia de que el artículo 100.2 contemple, para finalidad distinta a la inscripción pretendida, el número de identidad del extranjero como identificador del mismo en todos los documentos que se le expidan o tramiten, incluidas las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo.
El recurso, por lo expuesto, debe desestimarse, máxime si se tiene en cuenta lo que sigue:
1.- Que presentada la solicitud de inscripción son requeridos los solicitantes, mediante resolución del Jefe se Servicio de Entidades Jurídicas, de 19 de abril de 2011, notificada el día 29 siguiente (folios 27 y 28 del expediente administrativo), para que en el plazo de diez días presenten la tarjeta de residencia, con el correspondiente número de identidad el extranjero.
2.- Que es solicitado el NIE por doña  Gracia  mediante escrito presentado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante el 18 de mayo de 2011 (folio 32 del expediente), con expresa indicación de que la solicitud tenía por objeto dar cumplimiento al requerimiento formulado en el expediente de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho).
3.- Que la solicitud de NIE es denegada por resolución del Inspector Jefe UCRIF IV, de la Comisaría Provincial de Alicante, de 27 de mayo de 2011, no por concurrir alguna de las circunstancias contempladas en los apartados a ) y b) del artículo 101.1 del Real Decreto 2393/2001 , sino porque no se consideran acreditados ni justificados los motivos de la solicitud (folios 47 a 50). Dice así la resolución policial en sus fundamentos cuarto, quinto, sexto y séptimo:
<Art. 101.3.b) Que justifiquen documentalmente los motivos por los que solicitan la asignación de dicho número.
QUINTO: En ningún caso , en la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regula las uniones de hecho, ni en el Decreto 61/2002, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, se exige, como requisito necesario, la posesión de un N.I.E. para la inscripción de ciudadanos extranjeros.
SEXTO: Conforme a lo expuesto, no se consideran acreditadas ni justificadas los motivos de la solicitud, no pudiendo, en cumplimiento de la L.O. 4/2000, modificada por la L.O. 8/2000, L.O. 11/03, L.O. 14/03 y LO. 02/09, así como en su vigente Reglamento de Ejecución, expedírsele el N.I.E.
SÉPTIMO: Debernos añadir que, en relación con el requerimiento efectuado por el Registro de Parejas de Hecho, de la Secretaría Autonómica de Justicia, SE LES ESTÁ SOLICITANDO LA TARJETA DE RESIDENCIA (que, como cualquier otra documentación expedida en España a ciudadanos extranjeros, incluye como referencia el número NIE del titular)>>.
4.- Que mediante escrito presentado por la recurrente en el Registro General el 3 de junio de 2011, dirigido al Registro de Uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, puso de manifiesto, adjuntándola, la resolución policial denegatoria

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 8 DE NOVIEMBRE . EXPULSIÓN DEL TERRITORIO ESPAÑOL A PESAR DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE SU CASUSA . ARTÍCULO 54.1 A ) DE LA LEY EXTRANJERIA . PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

Roj: STS 4873/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4873 Id Cendoj: 28079130032016100442 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 164/2016 Nº de Resolución: 2389/2016 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR Tipo de Resolución: Sentencia

Como señalan las sentencias de esta Sala de 29 de noviembre de 2004 (recurso 4215/2001 , 21 de diciembre de 2004 (recurso 6018/2001 ), 9 de febrero de 2007 (recurso 8740/2003 ) y otras, todas con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional desde su sentencia de 30 de enero de 1981 ( STC 2/1981 ), el principio "non bis in ídem" conduce a que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, sea posible que ese enjuiciamiento y calificación se hagan con independencia si resultan de normativas diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado.


En este caso no puede apreciarse la infracción del principio de non bis in ídem, pues no existe duplicidad de sanciones, ya que el procedimiento penal concluyó por auto de sobreseimiento provisional. Una vez declarado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales, nada impide -y desde luego, no lo impide el principio non bis in ídem alegado por la parte recurrente- que los mismos hechos sean objeto de sanción administrativa, si concurren los presupuestos exigidos para ello en la norma administrativa, pues como señala la sentencia recurrida, el interés jurídicamente protegido por la sanción penal y el tutelado en la relación administrativa es distinto.

Respecto de la vulneración de la presunción de inocencia, la sentencia impugnada analizó si existía o no prueba de cargo en las actuaciones administrativas para justificar de una manera razonable la concurrencia de la infracción muy grave descrita en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, consistente en participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público, previstas como muy graves en la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que la resolución administrativa estimó acreditada.

La sentencia impugnada llevó a cabo el indicado examen, y apreció la existencia de suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia (FD 6º), entre ella, el informe denuncia que obra en la causa penal Diligencias Previas 82/2011, seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, el auto de prisión, el informe fiscal y el auto de sobreseimiento provisional. De dicho material probatorio la Sala de instancia valoró que se habían aportado en el expediente "datos suficientes para apreciar la existencia de una conducta en el recurrente, que aparece incardinada en el ámbito de un grupo de ideología yihadista, que por su propia naturaleza puede ser extremadamente grave para la seguridad nacional, en cuanto va dirigido y orientado al adoctrinamiento y captación de personas en el ámbito de una ideología en la que es notoria su patrocinio de la generación de actos violentos y de carácter terrorista, así llegando a desplazarse a Argelia para integrarse de forma plena a la organización, objetivo que no se consumó, regresando a España, donde continuó con su actividad radical a través de facebook donde expresaba su deseo de convertirse en mártir por la causa (la yihad global)."

Los términos en que se pronuncia la sentencia recurrida no permiten considerar que se haya vulnerado la presunción de inocencia, pues llevó a cabo el examen de la prueba de cargo reunida en el expediente, y como resultado de dicho examen, concluyó de forma razonable y coherente que existía en las actuaciones prueba suficiente para apreciar acreditada la conducta que determinó el acuerdo de expulsión del territorio nacional.


CANARIAS LIBRES DE CIE . JORNADAS FORMATIVAS Y PARA LA ACCIÓN POR EL CIERRE DE LOS CIE .

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LORY MONEY : " ME LLEVARON EN PATERA A CANARIAS POR 1000 EUROS " . AHORA ES FAMOSO EN LAS REDES

Lory Money: “Me llevaron en patera a Canarias por 1000 euros”   





sábado, 19 de noviembre de 2016

ANTONIO BANDERAS DEFENDIENDO LO HISPANO Y LO LATINO . NI MAS NI MENOS

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 20 DE OCTUBRE DE 2016. RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA ( CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA RESIDENCIA LEGAL ) CONCEDE NACIONALIDAD A PESAR DE AUSENCIAS DE 14 MESES EN UN PERIODO DE 10 AÑOS .

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 20 DE OCTUBRE DE 2016. RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA ( CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA RESIDENCIA LEGAL ) CONCEDE NACIONALIDAD A PESAR DE AUSENCIAS DE 14 MESES EN UN PERIODO DE 10 AÑOS .





Roj: SAN 3749/2016 - ECLI:ES:AN:2016:3749
Id Cendoj: 28079230032016100596
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 1677/2014
Nº de Resolución: 629/2016
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO
Tipo de Resolución: Sentencia

(...)

Las ausencias constatadas representan 446 días (14 meses) en un periodo de 10 años (poco más del 11,6 % del periodo exigido), y si bien no hay plazo, normativa ni jurisprudencialmente, fijado para calificar la duración de la ausencia como indicativo de falta de continuidad y efectividad de la residencia legal, en el caso de autos, dicha ausencia se ha alegado por razones entendibles de visita a familiares directos - madre - que permanecen en el país de origen. Efectivamente, durante el periodo de 10 años a valorar, nunca ha permanecido más de seis meses continuados fuera del territorio nacional, existiendo años en los que ni siquiera consta salida, con una larga residencia legal previa en nuestro país (desde 1995 y con carácter indefinido desde 2001). Obra también otra documentación comprensiva de su mantenido arraigo laboral en España, antes y después de dicha ausencia (mantiene una regularizada cotización como autónomo) y de su arraigo familiar (tiene una familia establecida en España, con hijos menores -2 - nacidos en nuestro país).

De esta manera las ausencias constatadas dentro de los 10 años anteriores a la solicitud no permiten cuestionar que España sea para el recurrente su centro de relaciones en una perspectiva de vinculación como la que implica la nacionalidad y que anteriormente hemos descrito. Por todo ello la demanda ha de estimarse.

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 27 DE OCTUBRE DE 2016. RESULTA CONTRARIO A DERECHO EXIGIR A LOS CONYUGES DE FAMILIARES ESPAÑOLES EL REQUISITO DE DISPONER DE MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 27 DE OCTUBRE DE 2016. RESULTA CONTRARIO A DERECHO EXIGIR A LOS CONYUGES DE FAMILIARES ESPAÑOLES EL REQUISITO DE DISPONER DE MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 27 de octubre de 2016. Considera que resulta contrario a derecho exigir a los familiares comunitarios el requisito de disponer de recursos suficientes.

Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Alejandro Ruiz Menéndez


Comentario:

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 27 de octubre de 2016. Considera que resulta contrario a derecho exigir a los familiares comunitarios el requisito de disponer de recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia o seguro de enfermedad (sostenido por la Subdelegación del Gobierno con apoyo en el art. 9 bis en relación con el art. 7.1 del RD 240/2007). Entiende por contra, que resulta de aplicación el art. 10.1 del RD 240/2007 el cual no se remite a los requisitos del capitulo III. Pero lo novedoso, es que considera (con fundamento en sentencias del TS y del TC) que en los casos de asistencia jurídica gratuita (turno de oficio). El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo (de dos meses) se computa desde la fecha de designación del letrado y no se computa el tiempo transcurrido antes (esto es, no se cuenta el tiempo que va desde la notificación del recurso hasta la solicitud de AJG). Esto es importante ya que es una alegación frecuente y muy recurrente de la Abogacía del Estado, decir que la demanda es extemporánea. Normalmente los abogados de oficio, no sabemos en qué fecha fue solicitado por el interesado la Asistencia Jurídica Gratuita, y el abogado del Estado nos lo suelta en sala y nos quedamos dudando. Sin embargo, según este criterio, da igual, siempre que esté presentada dentro de los dos meses de la fecha de designación del letrado. Plazo que sí conocemos, porque en la propia designación viene la fecha de la misma.

FUENTE : La Subcomisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife y Migrarconderechos Más información

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 4 IN FINE

SENTENCIA DEL TRIBUANAL SUPREMO DE 24 DE OCTUBRE DE 2016. CONFIRMA DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 4 IN FINE . NO ES PRECEPTIVO EL INFORME DE LA SECRETARIA DE ESTADO


Roj: STS 4568/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4568
Id Cendoj: 28079130032016100414
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3904/2014
Nº de Resolución: 2281/2016
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
Tipo de Resolución: Sentencia

(...)

Ello supone que la resolución combatida, referida a la hija de la recurrente en atención a su contenido y que delimita objetivamente el recurso que nos ocupa, es conforme a derecho por cuanto correctamente aplica la excepcionalidad que contempla el apartado 4 ° in fine de la disposición adicional primera del Reglamento de Extranjería para denegar la autorización de residencia individual de aquélla pues en rigor jurídico la situación planteada pudiera tener cabida en la autorización de residencia por reagrupación familiar previa la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de la madre - la hoy recurrente - que ni siquiera ha instado, con la consiguiente conclusión de que en el supuesto planteado no se aprecia la concurrencia de "circunstancias excepcionales no previstas" en el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011).
Ningún perjuicio se le causa a la menor pues estará en compañía y bajo la tutela de su madre mientras que esta tenga que permanecer en España a resultas de la causa penal que tiene pendiente, procediendo en consecuencia con lo expuesto desestimar el recurso planteado y declarar ajustada a derecho la resolución que se impugna>>.

(...)


SEGUNDO.- En cuanto al alegato de que la Administración incurrió en un vicio procedimental, al haber omitido el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo cierto es que en el motivo de casación no se aduce ningún argumento tendente a desvirtuar lo razonado en la sentencia recurrida sobre este concreto punto de la controversia.

Como hemos visto en los antecedentes, la Sala de instancia explica (fundamento jurídico segundo, último párrafo, de la sentencia recurrida) que el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad al que se refiere el apartado 4° in fine de la disposición adicional primera del Real Decreto 557/2011 lo exige la norma para el otorgamiento por el titular de la Secretaría General de Inmigración y Emigración de la autorización individual de residencia temporal por circunstancias excepcionales no previstas en el Reglamento de Extranjería, por lo que, por exclusión, ese informe de la Secretaría de Estado de Seguridad no resulta exigible cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, la decisión de la Secretaría General de Inmigración y Emigración consiste en denegar la autorización de residencia.

La alegación de la recurrente debe ser desestimada pues, salvo la escueta afirmación de que en este caso se omitió el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, nada se argumenta en el motivo de casación para intentar rebatir las razones que dio la Sala de instancia para explicar que en este caso aquel informe no era necesario; razones que compartimos y hacemos nuestras.