jueves, 21 de septiembre de 2017

UNA CADENA DE SUPERMERCADOS DE ALEMANIA HACE CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO


Sascha Müller

Consumidores en Hamburgo, Alemania, que tal vez tenían planeado preparar una cena con salmón escocés y verduras importadas de América Latina, con un entrante de jamón de Parma y queso manchego, regado todo con un vino de Borgoña, se encontraron con que su tienda de confianza no ofrecía ya esos productos.
Efectivamente, la cadena de supermercados Edeka retiró de sus estanterías toda la comida extranjera durante el jueves, en protesta contra la xenofobia en Alemania.
Las imágenes del comercio distribuidas en las redes sociales revelan estanterías temporalmente vacías de tomates españoles y quesos griegos, entre muchas otras importaciones.
La clientela que entró a sus tiendas quedó sorprendida de ver que la oferta normal había disminuido y darse cuenta de cómo dependen de otros países para sus productos diarios

fuente : http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41060285

sábado, 16 de septiembre de 2017

CURSO DERECHOS HUMANOS . NUESTROS DERECHOS DE RADIO ECCA , CLAVE PARA LOS INFORMES DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

DERECHOS HUMANOS: NUESTROS DERECHOSSubvencionado (sin coste) por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. Válido como curso de formación referido en el Reglamento de Extranjería - real decreto 557/11 -, para la renovación del permiso de residencia u obtención del arraigo. 

Útil para el informe de esfuerzo de integración, está dirigido a extranjeros no comunitarios residentes en territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de una formación de 20 horas, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; se ha venido realizando online desde nuestro portal (www.radioecca.org),  y ahora estoy formando grupos para la formación en modalidad presencial.

domingo, 10 de septiembre de 2017

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA . NO SE PUEDE DENEGAR LA TARJETA PERMANENTE COMUNITARIA POR MERAS CONJETURAS SOBRE LA CONVIVENCIA O NO DE LOS CÓNYUGES

Roj: STSJ MU 1405/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1405
Id Cendoj: 30030330022017100441
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Murcia
Sección: 2
Fecha: 25/07/2017
Nº de Recurso: 120/2017
Nº de Resolución: 497/2017
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: PILAR RUBIO BERNA
Tipo de Resolución: Sentencia

El supuesto de autos es la desaparición de uno de los requisitos necesarios para obtener la tarjeta de residente de familiar comunitario con posterioridad a que dicha autorización se concediera y por tanto, era preciso que para acordar su extinción se siguiera el procedimiento correspondiente y se acordara de forma expresa por la autoridad competente y en tanto no se haga así debe entenderse que la tarjeta de residencia en su día concedida fue válida y eficaz y desplegó todos sus efectos, como es que el hoy apelante haya cumplido cinco años de residencia continuada y legal en España y tenga derecho a la residencia permanente regulada en el artículo 10 del RD 240/2007 . 

Por otro lado, como destaca la Juzgadora de instancia no podemos obviar que la residencia permanente se regula en el Capítulo IV del RD 240/2007, en cuyo artículo 10 se dispone textualmente bajo el epígrafe Derecho a residir con carácter permanente que: <<1 .="" a="" acuerdo="" cap="" car="" cinco="" ciudadanos="" con="" condiciones="" continuado="" cter="" de="" decreto.="" del="" derecho="" dichos="" durante="" econ="" el="" en="" espa="" espacio="" estado="" estados="" estar="" este="" europea="" europeo="" familia="" hayan="" iii="" la="" las="" legalmente="" los="" mico="" miembro="" miembros="" n="" nacionales="" no="" o="" odo="" os.="" parte="" per="" permanente="" presente="" previstas="" que="" real="" residido="" residir="" sean="" sobre="" son="" sujeto="" titulares="" tulo="" un="" uni="" uno="" y="">> De donde podemos inferir que, en contra de lo que ocurre para la obtención de la autorización inicial, la residencia permanente se concibe como un derecho del extranjero que haya residido legalmente en España como titular de una tarjeta de familiar de residente comunitario durante un periodo continuado de cinco años. Excluyéndose expresamente por esta disposición la aplicación de las condiciones del capítulo III, en el que se incluye el artículo 9 invocado por la Administración. Quiere ello decir que, acreditada la existencia de la autorización inicial y la residencia continuada durante cinco años, no puede denegar la administración la residencia permanente por tratarse de un derecho del extranjero, así reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y de hecho en el segundo párrafo del mismo apartado 1º del artículo 10 establece que "A petición del interesado, la Oficina de Extranjeros de la provincia donde éste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisaría de Policía correspondiente, expedirá, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia, un certificado del derecho a residir con carácter permanente." 

De manera que, lo único que puede comprobar la Administración es la duración de la residencia, por lo que, demostrada esta no es posible denegar la tarjeta permanente en base a meras conjeturas o presunciones acerca de la falta de convivencia entre el solicitante y su cónyuge

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 24 DE JULIO DE 2017 . NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN DEL CESE DE LA CONDICIÓN DE FAMILIAR COMUNITARIO POR DIVORCIO , CESE DE LA CONVIVENCIA , ETC.

Roj: STSJ MU 1389/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1389
Id Cendoj: 30030330012017100278 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 1 Fecha: 24/07/2017 Nº de Recurso: 138/2017 Nº de Resolución: 306/2017 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: INDALECIO CASSINELLO GOMEZ PARDO


Por ello, al quedar acreditado en la instancia que la recurrente había dejado de ser familiar de ciudadano comunitario y disponer el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4/2000 que "Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables", la Sentencia de Instancia se cuestiona, motivada y acertadamente, si a la solicitante le resultaba más favorable la aplicación del R.D. 557/2011 (que es lo que ella sostiene) o el R.D. 240/2007 (que es lo que se resuelve en el acto impugnado) y llega a la convicción, que comparte esta Sala, de que le resultaba más beneficiosa la aplicación de éste último R.D. 240/2007, al disponer el artículo 148.1 del R.D. 557/2011 que "1. Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración los extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años", mientras que el artículo 9.4 del R.D. 240/2007 , previene que "4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha circunstancia a las autoridades competentes", añadiendo seguidamente que "Para conservar el derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguientes supuestos: a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o de la cancelación de la inscripción como pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España. Por tanto, al no haberle comunicado la recurrente a la Administración el cese de la convivencia con el ciudadano comunitario en virtud de la cual obtuvo su permiso de residencia, la legislación en principio aplicable era el R.D. 240/2007, ya que la Administración no podía adivinar los avatares de tal relación, y para poder conservar su derecho de residencia tenía que acreditar que su situación de pareja había durado al menos tres años y que al menos uno de ellos había residido en España, pero no pretender que sin cumplir las exigencias de comunicación establecidas en el citado artículo 9.4 del R.D. 240/2007 , pese a ello, adquiera derecho alguno a que se le reconociera todo el tiempo de residencia en España a los fines del artículo 148.1 del R.D. 557/2011 , ya que una vez cesada la convivencia con el ciudadano comunitario (bien antes de los 3 años o después en el caso de falta de comunicación) no cabía considerar que continuara residiendo legalmente en España y por tanto no le resulta computable tal tiempo de permanencia a los fines del artículo 148.1 del R.D. 557/2011 citado. 

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 25 DE JULIO DE 2017 . MINORACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA EXIGIBLE PARA REAGRUPAR A FAMILIARES MENORES DE EDAD .

Roj: STSJ MU 1406/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1406
Id Cendoj: 30030330022017100442 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 2 Fecha: 25/07/2017 Nº de Recurso: 116/2017 Nº de Resolución: 499/2017 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: LEONOR ALONSO DIAZ-MARTA Tipo de Resolución: Sentencia



El IPREM anual, ascendía en el año 2015 a la cantidad de 7.455,14 € anuales (14 pagas), 532,51 € (mensual) 6.390,13 € anual (12 pagas). Por tanto, el 150% del IPREM previsto por el citado precepto reglamentario para el año 2015, que, como hemos visto, es el que debe aplicarse, ascendería a 798,77 € mensuales, a lo que habría que añadir un 50% más por cada miembro adicional; en total, 1.331,27 €. Cantidad a la que ciertamente no llegaba el Sr.  Horacio  , que, según la Delegación del Gobierno, era de 1.259,99 € al mes, por lo que faltarían 71,28 €. Además de la escasa diferencia entre lo exigido y la cantidad que realmente percibe el solicitante, atendiendo a que la reagrupada es una menor y a que los Servicios Sociales del Ayuntamiento donde reside informó favorablemente a la reagrupación, al amparo de lo dispuesto en el art. 54.3 del RLOEX, en este caso concreto que se examina, resulta posible minorar el 150% del IPREM legalmente exigible teniendo en cuenta que es el único requisito que no cumple el reagrupante, en fechas anteriores a la solicitud, y que la persona a reagrupar es menor de edad cuyos intereses superiores son susceptibles de protección jurisdiccional, máxime cuando el reagrupante sigue desempeñando actividad laboral y percibe un salario superior al de los primeros meses, y con él puede atender sus necesidades y las de su familia, de conformidad a lo dispuesto en el art. 54.3 del RLOEX. Por ello resultaba procedente, como hizo la juzgadora de instancia minorar la cuantía pecuniaria exigible en el tanto por ciento preciso al objeto de considerar que la cantidad que percibe en concepto de salario es suficiente para su manutención y el de su familia y, en su consecuencia, resultaba procedente anular y dejar sin efecto la resolución recurrida por ser contraria a Derecho y reconocer el derecho del recurrente de reagrupar a su hija menor y que obtuviera la autorización de residencia temporal, por reagrupación familiar, solicitada en vía administrativa ya que, en otro caso se conculcaría el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia recogida en el art. 39 de la Constitución , así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño y de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor . Criterio este que se ha mantenido por Sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso Administrativo y por esta misma Sala en varias sentencias, cuyo criterio debía de ser conocido por el Abogado del Estado. 

sábado, 2 de septiembre de 2017

HERMANO MAYOR . JOVEN NEONAZI QUE REPUDIA A LOS INMIGRANTES



COMENTARIO : No estoy de acuerdo con este tipo de programas pero en este programa se refleja la realidad  de muchos jóvenes sin futuro

POR LO MENOS MUCHOS JOVENES DE DISTINTA PROCEDENCIA SE ENTIENDE . VAMOS A POR LA PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA O POR LA SEGUNDA YA . REAGRUPACIÓN FAMILIAR

#TUSILLASUERFUGIO . Tu Silla Su Refugio . CAMPAÑA DE CEAR


http://www.tusillasurefugio.org/

SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 24 DE JULIO DE 2017 . REQUISITOS PARA RECUPERAR LA RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

 Sede: Madrid Sección: 2 Fecha: 24/07/2017 Nº de Recurso: 221/2017 Nº de Resolución: 586/2017 



TERCERO .- En el motivo de la apelación se alega que la solicitud de recuperación de la autorización de residencia de larga duración se puede presentar en España y así lo hizo el recurrente, el cual había entrado en España de manera regular teniendo su tarjeta validez hasta el 17 de abril de 2015, habiendo realizado la solicitud de recuperación el 11 de junio de 2015. 

Para resolver dicho motivo debemos tener en cuenta que el artículo 159 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que: " 1. La solicitud de recuperación de la titularidad de la autorización de residencia de larga duración será presentada por el extranjero, personalmente y en el modelo oficialmente establecido. 2. La solicitud, dirigida a la Oficina de Extranjería de la provincia en la que desee fijar su residencia, podrá ser presentada ante la propia Oficina de Extranjería o ante la Misión diplomática u Oficina consular española en cuya demarcación resida. En caso de presentación dentro de España, y a los efectos de la entrada en territorio español, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 4 a 14 de este Reglamento. (...) " 

De esta regulación se desprende que en el caso de que la solicitud se presente dentro de España, el interesado debe acreditar haber entrado en España cumpliendo los requisitos que para dicha entrada se contienen en los artículos 4 a 14 del mismo Reglamento. Pues bien y como concluye la sentencia apelada, el recurrente no ha acreditado haber entrado en España de forma regular.

Alega en el recurso de apelación que entró en España de forma regular y para ello se apoya en la copia del pasaporte que aportó con su demanda, copia de la que sólo cabe extraer la conclusión que entró en España después del 11 de marzo de 2015, pues el pasaporte esta expedido el 27 de febrero de 2015 y en el mismo consta un sello de salida de Ecuador de 11 de marzo de 2015. El recurrente sostiene que la entrada la hizo de forma regular pues su autorización de residencia de larga duración tenía fecha de vigencia hasta el 17 de abril de 2015, pero con ello pasa por alto que dicha autorización de residencia fue extinguida el 4 de septiembre de 2013 (folio 30 del expediente), circunstancia no desvirtuado por prueba en contrario, lo que significa que a partir de esa fecha de extinción, la entrada en España del recurrente debía sujetarse a los requisitos establecidos en los artículos 4 a 14 del Reglamento, requisitos que no constan cumplidos en el presente caso pues efectuó la entrada sin disponer de autorización válida para residir en España (que ya hemos dicho que estaba extinguida) y sin disponer de visado. Por todo ello, la solicitud de recuperación de la autorización no podía presentarse en España, al no acreditar el interesado haber entrado en territorio nacional cumpliendo los requisitos que para dicha entrada se contienen en los artículos 4 a 14 del Reglamento de la LOEx , por lo que el recurso de apelación debe ser desestimado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 24 DE JULIO DE 2017 . ARRAIGO FAMILIAR EN BASE A LA SENTENCIA TJUE RENDON

Roj: STSJ M 7539/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:7539

Fecha: 24/07/2017 Nº de Recurso: 379/2017 Nº de Resolución: 592/2017 Procedimiento: Recurso de 

SEGUNDO.- La cuestión jurídica a resolver en el presente recurso ha sido abordada por la reciente STS de 10 de enero de 2017 (recurso de casación nº 961/2013 ) en el siguiente sentido: "Mediante Auto de 20 de marzo de 2.014 esta Sala planteó cuestión prejudicial ante el Tribunal de justicia de la Unión europea en la que se formuló la siguiente pregunta: "¿Es compatible con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , interpretado a la luz de las Sentencias de 19 de octubre de 2.004 (asunto C-200/02 ) y 8 de marzo de 2.011 (asunto C-34/09 ), una legislación nacional que excluye la posibilidad de otorgar permiso de residencia a un progenitor de un ciudadano de la Unión Europea, menor de edad y dependiente de aquél, por tener antecedentes penales en el país donde formula la solicitud, aunque ello lleve aparejada la salida forzosa del territorio de la Unión del menor al tener que acompañar al progenitor?" El Tribunal de Justicia ha dictado Sentencia en el asunto C-165/14 , de 13 de septiembre de 2016. En ella se afirma lo siguiente:

(...) 


TERCERO.- La aplicación al caso de autos de la precedente doctrina jurisprudencial conlleva estimar el recurso de apelación, atendidas las circunstancias concurrentes. Es cierto que el apelante, de nacionalidad guineana, tiene antecedentes penales en nuestro país, habiendo sido cumplida ya una pena y estando la otra suspendida. Por lo demás, ha de hacerse constar que es padre de un menor de edad nacido en España y de nacionalidad española (consta su DNI), empadronado en el mismo domicilio en compañía tanto del apelante como de la madre del menor, también de nacionalidad guineana. Pues bien, atendidas las anteriores consideraciones, puede afirmarse válidamente, sin que a ello se oponga de forma expresa la parte apelada, que de confirmarse la decisión administrativa, el apelante se vería obligado a abandonar el territorio español, resultando así afectados los derechos del menor español a su cargo. Por tanto, la mera existencia de antecedentes penales no puede impedir que en este caso, por las circunstancias antes reseñadas, se deniegue la autorización que nos ocupa, debiéndose estimar el recurso y reconocerle la autorización indebidamente denegada.


EN EL ARRAIGO SOCIAL NO ES OBLIGATORIO POR PARTE DEL CIUDADANO EXTRANJERO ACREDITAR LA SOLVENCIA DEL EMPLEADOR O QUE ESTÉ AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL . SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 24 DE JULIO DE 2017


SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 24 DE JULIO DE 2017
Roj: STSJ M 7541/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:7541

Fecha: 24/07/2017
Nº de Recurso: 458/2017
Nº de Resolución: 594/2017

Ponente: FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA


Por tanto, en los supuestos previstos en el artículo 124.2 no se establece la obligatoriedad para el ciudadano extranjero de acreditar la solvencia de su empleador o bien que su empleador esté al corriente de sus obligaciones con la seguridad social, estableciendo dicho precepto, en su apartado b), que el solicitante debe contar con un contrato de trabajo firmado por el empresario para un período de tiempo no inferior a un año. Aun cuando el artículo 129 del Real Decreto 557/2011 establezca la aplicación preceptiva de los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) y f) del artículo 64.3.b) respecto de los supuestos de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, no lo son para los supuestos de arraigo social ."


FUENTE CENDOJ:

COMENTARIO :  EMPARAMADO ME QUEDO , TANTO ARRAIGO SOCIAL DENEGADO POR ESTA CAUSA Y AHORA ES PACIFICO EN LOS TRIBUNALES QUE EL EXTRANJERO NO TIENE PORQUE SABER LA VIDA Y DESDICHAS DEL EMPLEADOR .

INEXPULSABILIDAD DE MADRE EXTRANJERA CON HIJO MENOR ESPAÑOL A SU CARGO . SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 24 DE JULIO DE 2017

Roj: STSJ M 7528/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:7528

Id Cendoj: 28079330022017100560  Fecha: 24/07/2017 Nº de Recurso: 1195/2016 Nº de Resolución: 568/2017 

Ponente: JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ Tipo de Resolución: Sentencia


SEXTO.- Pues bien, ha de analizarse el efecto directo de la Directiva 2008/115 para valorar si concurren las circunstancias de excepción del retorno previstas en el artículo 5 y en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva 2008/115 , dado que las mismas si serían beneficiosas para el interesado y cabe aplicar el efecto directo de la citada directiva puesto que nuestro Estado no ha procedido a su transposición. En efecto dicho artículo al regular la "no devolución, interés superior del niño vida familiar y estado de salud", dispone que: Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: a) el interés superior del niño, b) la vida familiar, c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, y respetarán el principio de no devolución. En consecuencia, conforme al artículo 5 de la Directiva retorno, al adoptar la decisión de retorno deben tenerse también en cuenta esas circunstancias. Ello implica que no sólo los supuestos de los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva permiten no adoptar una decisión de retorno (la expulsión en nuestro ordenamiento), sino que debemos tener "debidamente en cuenta" el interés superior del niño, la vida familiar (el arraigo familiar en nuestro ordenamiento), y el estado de salud del extranjero y en este sentido la protección jurídica de la familia como principio rector de nuestra vida política social ha de llevar necesariamente a la Administración y a los órganos judiciales a valorar, con carácter general, que la existencia de un menor de edad español, hijo de un ciudadano extranjero que se encuentra en España en situación documental irregular constituye per se una circunstancias excepcional ( STS 14 de enero de 1997 , STS 1 de diciembre de 2003, ambas de la Sección 6 a y STS de 26 de enero de 2005 de la Sección 5 a). 



SÉPTIMO.- La protección integral de la familia, y muy especialmente la de los menores, tiene como lógica consecuencia que los poderes públicos queden obligados a garantizar la posibilidad de que el menor pueda convivir con sus progenitores, entendiendo, de conformidad con lo previsto en el art. 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor , que el mantenimiento del menor en su medio familiar de origen es el entorno más adecuado para el desarrollo de su personalidad, salvo que no sea connivente para su superior interés.- Por tanto, a priori el primer derecho del hijo menor de edad es estar, crecer, criarse y educarse con sus padres, derecho que, tal y como señala el Tribunal Supremo, en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2005 dictada en el el Recurso de casación 1164/2001 , afirma que la existencia de ese hijo español es fundamental para la resolución de este recurso de casación, si se tienen en cuenta las siguientes ideas: 

1ª.- La Constitución Española establece como principios rectores de la política social el de la protección social, económica y jurídica de la familia ( artículo 39-1), así como el de la protección integral no sólo de los hijos, sino también de las madres ( artículo 39-2). En consecuencia con ello, el  artículo 11-2 de la Ley 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , dispone que serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos los siguientes: a) La supremacía del interés del menor. b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para su interés. c) Su integración familiar y social. Así pues, puede decirse que, aunque no esté literalmente dicho en las normas (aunque sí lo está en su espíritu), el primer derecho del hijo menor de edad es estar, crecer, criarse y educarse con su madre. Se trata de un derecho derivado de la propia naturaleza, y, por lo tanto, más fuerte y primario que cualquier otro derecho de configuración legal. Por lo demás, es un derecho que tiene sus reflejos en concretos preceptos del ordenamiento jurídico (v.g., artículo 110 del Código Civil , que obliga al padre y a la madre, aunque no ostenten la patria potestad, a velar por sus hijos y prestarles alimentos; artículo 143-2º del propio Código, que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos; artículo 154, que impone a los padres el deber (y les reconoce el derecho) de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, etc).

 2ª.- El ordenamiento jurídico español no permite la expulsión del territorio nacional de ciudadanos españoles. (La comisión por un español de un delito o de una infracción administrativa son castigados con determinadas penas o sanciones, pero nunca con la expulsión del territorio nacional; fuera del supuesto de medida cautelar o sanción penal,"los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional", según el artículo 19 de la Constitución Española ).

 3ª.- La orden de expulsión de la madre, que aquí se recurre, o bien es también una orden implícita de expulsión de su hijo menor, que es español (lo que infringe el citado principio de no expulsión de los nacionales) o bien es una orden de desmembración cierta de la familia, pues la expulsión decretada provoca ineludiblemente la separación del hijo y de la madre, (lo que viola los preceptos que hemos citado de protección a la familia y a los menores). 

Ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno, y que, en consecuencia, pueda expulsarse a la madre de España como una simple extranjera y quede en España el menor con todos sus derechos, pero sólo y separado de su madre. 


OCTAVO.- Todo esto ha de entenderse dejando a salvo, obviamente, los supuestos de privación de patria potestad y aquellos en los que quede debidamente acreditado que el progenitor se ha desentendido de los deberes propios de su condición. Es preciso recordar que el ordenamiento jurídico español no permite la expulsión del territorio nacional de ciudadanos españoles. Sin embargo, la expulsión de territorio nacional de los padres de un español supone una expulsión implícita de su hijo menor, que es español, o bien, es, conforme señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2005 : "una orden de desmembración cierta de la familia" pues la expulsión decretada provocaría, en este caso, e ineludiblemente, la separación del hijo de su padre, y probablemente, si llegara el caso, también, de su madre, por lo que ahora se dirá (lo que comportaría quebrantar los preceptos que se acaban de citar sobre protección a la familia y a los menores). 



UNDÉCIMO.- . Por tanto constando que la apelante es madre del menor español  Anibal  , nacido el día  NUM002 de 2004 con el que convive en el mismo domicilio según se desprende del certificado de empadronamiento y de la copia del DNI obrante en autos por lo que aun cuando carezca de recursos económicos debe entenderse que esta al esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo debiendo además indicarse que no consta investigación alguna de la administración que acredite el abandono de las obligaciones materno filiales por lo que ha de entenderse que concurren las circunstancias de el interés superior del niño, y la vida familiar para que no proceda la expulsión de la actora. El recurso de apelación y el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado 

FUENTE CENDOJ 

LOS TITANIC DEL MEDITERRÁNEO CAMPAÑA CEAR

jueves, 31 de agosto de 2017

¿COMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO? PUES COMIÉNDOTELO CRUDO

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 25 DE JULIO DE 2017 . DENIEGA LA NACIONALIDAD PORQUE LA RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA DEBE CONTARSE DESDE LA FECHA EN LA QUE OBTUVO LA TARJETA COMUNITARIA TRAS MODIFICAR SU AUTORIZACIÓN EN REGIMEN GENERAL AL REGIMEN COMUNITARIO . ¿ Y ESTO , SI LLEVABA ENTRE REGIMEN GENERAL Y COMUNITARIO 5 AÑOS DE RESIDENCIA LEGAL ?

Roj: SAN 3244/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3244
Id Cendoj: 28079230012017100431
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 25/07/2017
Nº de Recurso: 261/2015
Nº de Resolución:
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: EDUARDO MENENDEZ REXACH
Tipo de Resolución: Sentencia

El demandante es natural de Chile, nacido el NUM000 -1991, y la Administración le ha denegado la solicitud de concesión de la nacionalidad española al considerar que la residencia legal en España durante dos años no ha sido efectiva ni continuada en el tiempo inmediatamente anterior a la petición.

En su escrito de demanda, alega el recurrente, entre otros extremos, que lleva residiendo en España desde el año 2.008 de forma continuada y permanente, ya que el 10 de octubre de dicho año obtuvo su permiso de residencia temporal al estar vinculado al permiso de residencia de su padre, sin que en ningún momento haya perdido su permiso de residencia, que renovó en 2.009 hasta 2.012, y al haber contraído su padre matrimonio  con una española obtuvo su permiso de residencia comunitario por reagrupación familiar, el cual está en vigor hasta el 24 de enero de 2.017, reconociendo expresamente que solicitó el 7 de octubre de 2.013 la nacionalidad española ante el Registro Civil de Arenys de Mar (Barcelona).

Y en efecto, según se desprende con toda claridad del informe del Ministerio del Interior obrante en el expediente, le fue concedida su primera autorización de residencia legal como familiar comunitario en fecha 25 de enero de 2.012; por lo que es claro que a la fecha de la solicitud de nacionalidad, el 7 de octubre de 2.013, no cumplía los dos años de residencia legal en España que exige el art. 22.1 del Código Civil ; debiendo añadirse que tampoco los cumplía el día 7 de enero de 2.014, fecha que afirma debe tenerse en cuenta para contabilizar el final del plazo de dos años, al corresponder a la incoación efectiva del expediente, tras otorgarle el Registro de Arenys de Mar un plazo de tres meses desde la solicitud para la aportación de documentos.


A tenor de lo que antecede, no cabe sino confirmar la resolución recurrida y desestimar el presente recurso, por cuanto que al demandante le era exigible el plazo de dos años de residencia legal en España dada su condición de iberoamericano, plazo que no cumplía en la fecha de presentación de la solicitud de nacionalidad, según lo expuesto.

En suma, y con abstracción de los requisitos de buena conducta cívica y de integración social, que no se han puesto en cuestión por la resolución recurrida, se impone de forma obligada la desestimación del recurso al carecer el demandante del requisito del tiempo de residencia en España que le era legalmente exigible, por lo que procede la confirmación de la resolución combatida



COMENTARIO : Resulta que un jovenzuelo reagrupado por su padre durante tres años  ( en los que ostenta permiso de residencia legal ) y que porque lo dice la ley y Extranjería tiene que modificar ,si o si su permiso porque su padre se casa con una española ( y por lo tanto a partir de ese momento cesa su condición de extranjero -régimen general de extranjería - y pasa a ser reagrupado en régimen comunitario -con la madrastra española que le da el derecho ) , no le cuenta para acreditar la residencia legal sino cuando empieza a estar "tutelada" por la madrastra jajjajajaja..... Me río por no llorar . Encima la sentencia es de 2017 , es decir lleva en la actualidad casi 10 años de residencia legal y continuada en España y no acredita la residencia legal  y continuada que por otro lado es un requisito mínimo que impone la ley para acreditar también su integración en España .

Que va ...que va , esto no es equidad y justicia , esto es persecución al ciudadano

NADA A JODERSE Y A PRESENTAR NUEVAMENTE LA NACIONALIDAD Y POR LO TANTO AHORA COMO HA CAMBIADO TODO , A REALIZAR Y APROBAR UNA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOCIO CULTURALES DE ESPAÑA Y SEGURAMENTE PORQUE EL JOVEN ES AFRICANO , OTRO EXAMEN DE LENGUA Y A PAGAR POR ELLO 300 O 400 EUROS ... QUE ESTAMOS EN CRISIS . El juez se queda tranquilo y joven no entiende nada .  NO LO ENTIENDO NI YO .... ¿TU LO ENTIENDES ? 

VÁYANSE A FREÍR NUEVAMENTE CHUCHANGAS. HAY DIOS YO COGÍA A ESTOS JUECES Y LOS METÍA EN ARRESTO DOMICILIARIO DURANTE UN MES CON UNA FAMILIA EXTRANJERA CON CUATRO JÓVENES  REAGRUPADOS COLOMBIANOS DE 17 , 18 21 Y 24 AÑOS QUE LLEVEN SIETE U OCHO AÑOS EN ESPAÑA PARA QUE VIVIERAN SI ESTÁN O NO INTEGRADOS, A LO MEJOR Y TODO SE ENAMORA DE LA MADRE. JAJAJAAJJAJAJAAJA Y LE PIDE QUE SE DIVORCIE DE LA MADRASTRA JAJAJAJAJA.

YO ME QUEDO BOBO ....

LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS A ESTUDIAR , NADA DE INTEGRARSE Y SI LO HACEN PARA LA NACIONALIDAD NO SIRVE

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 25 DE JULIO DE 2017. INSISTEN QUE ESTUDIAR NO ESTA VINCULADO CON LA INTEGRACION SOCIAL A LOS EFECTOS DE LA NACIONALIDAD. POR OTRO LADO LAS AUSENCIAS POR ESTUDIOS FUERA DE ESPAÑA NO PRESUPONE EL INCLUMPLIMIENTO DE LA RESIDENCIA CONTINUADA

Roj: SAN 3244/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3244
Fecha: 25/07/2017
Nº de Recurso: 261/2015
Ponente: EDUARDO MENENDEZ REXACH






Por ello, ni la tarjeta de estudiante ni la ahora estancia por estudios constituyen residencia en el sentido legal a los efectos de la adquisición de la nacionalidad en el sentido del art. 22-3 del CC , ya que la simple estancia no es suficiente y ello resulta lógico si se considera que el estudiante sigue teniendo el domicilio, entendido como el centro de relaciones familiares, económicas y profesionales, en su país de origen y la estancia de estudios es precisamente la realización de estos sin otra pretensión de integración en el país que se realizan, ni cambio de su domicilio, así lo ha venido entendiendo esta Sala cuando considerando,precisamente que la residencia legal de un extranjero en España, a los mismos efectos de adquisición de la nacionalidad española que aquí se analizan, no se considera interrumpida por la realización de estudios en otro país ya que la existencia de cortos desplazamientos fuera de nuestro país no es suficiente para entender incumplido el requisito de la residencia legal ininterrumpida, pues, como ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de noviembre de 2000 , "la no presencia física ocasional y por razones justificadas en el territorio español, no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español", lo que a "sensu contrario" es de aplicación en el presente caso.


COMENTARIO :  El estudiante extranjero es una rara avis de animal domesticado , que entra en España solo para cultivar su mente con vistas a su futuro profesional en su pais de origen , y no en España , ni tan siquiera en otro país , en el suyo propio , en la de su patria . El estudiante errante y caminante que sale de marcha , que se interesa por la cultura donde realiza sus estudios , que se enamora de la autóctona pero no se casa , que paga sus impuestos trabaje o no , que entabla relación con sus compañeros de estudios , que es delegado de curso , que incluso participa en la tuna y que incluso se le ocurre ir a una manifestación contra la guerra en Siria o que se ponga en huelga por reivindicar mejoras en la Universidad , que aguanta algunos profesores enchufados racistas , no acreditará nunca que se está integrado en nuestra sociedad porque una norma y unos jueces entienden que su estadía en España no es residencia  sino Estancia .

Ese estudiante que se pega tres , cuatro o cinco años en España sigue teniendo vínculos por wasap con su abuela querida y de vez en cuando habla con su padre que no lo aguanta  y que aunque extrañe el chicarrón , el aguacate , el sancocho o la arepa , para la justicia y la administración es un ser que no se merece la nacionalidad porque no se ha integrado y sigue teniendo vínculos mas fuertes con su país de origen. 

Que lejos está la justicia de la ciudadanía , de la juventud y del amor por la patria . Váyanse a freír chicharones y chuchangas . 

¿PERO UNOS JUECES NO SABEN LO QUE ES UN NIE , Y COMO SE PUEDE ASIGNAR SIN AUTORIZACIÓN LEGAL EN ESPAÑA ?

AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 3 DE AGOSTO DE 2017 . DENEGANDO MEDIDAS CAUTELARISIMAS A SOLICITANTE DE ASILO POR CONDICIÓN SEXUAL . LO SORPRENDENTE ES LA ASEVERACIÓN DE LOS MAGISTRADOS SOBRE EL NIE DEL SOLICITANTE ( SEGURAMENTE EXPEDIENTADO )

Roj: AAN 788/2017 - ECLI: ES:AN:2017:788A
Fecha: 03/08/2017
Nº de Recurso: 87/2017
Nº de Resolución: 230/2017
Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO



Ha de tenerse presente que la solicitud de asilo se ha centrado, desde el inicio, en la supuesta condición sexual del recurrente (homosexualidad) con remisión la situación particularizada de dicho colectivo en el país del que dice ser de origen. A estos efectos no ha de olvidarse que el recurrente fue interceptado en una patera, junto con otros 94, el 7-7- 2017 careciendo de cualquier documentación personal de la que pudiera resultar su efectiva identidad y nacionalidad aunque, sorprendentemente, la Letrado actuante, en la presentación via lexnet, da un numero de NIE vinculado al actor ( NUM000 ) que de ser cierto permitiría concluir que en algún momento ha tenido una residencia legal en nuestro país lo que vendía a cuestionar aún más la verosimilitud del relato. En todo caso es un extremo que debería aclarar la parte actora.


A ello se une que la solicitud de protección internacional no se produce hasta el 24-7-2017 con lo que ni siquiera fue inmediata en el tiempo una vez el Sr. Isidoro se encontraba en territorio Español (el ingreso en el CIE fue autorizado judicialmente el 9-7-2017) lo que sería coherente con la innata condición con la que se viene a vincular. Además el parco relato ofrecido ni siquiera remite a hechos actuales pues el único incidente que se refiere centrado en la actuación policial represora de su supuesta condición homosexual se remonta a 2014.

Por otro lado los informes de ACNUR se centran en la generalidad del colectivo LGTB en Marruecos sin remisión al caso concreto del promotor. En este marco general y relación con la homosexualidad en Marruecos, la SAN (2ª) de 12-2-2017 (rec 373/2014 ) con remisión a la SAN (2ª) de 12 de enero de 2016 (Rec. 138/2015 ) indica que con relación a la homosexualidad existen <<" (...) ocho países musulmanes que castigan con la pena de muerte los actos homosexuales -Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos Estados del norte de Nigeria--. En Malasia se castiga con 20 años de prisión. En Bangla Desh con 10 años de cárcel. En Siria y en Jordania con 5 años y en Marruecos, Túnez, Argelia, Irak y Kuwait con penas de hasta 3 años. En Indonesia no está prohibida. No obstante lo anterior, en algunos países musulmanes existe una
tolerancia de facto. Sería el caso de Marruecos. En Marruecos, la homosexualidad es delito desde 1972. Elart 489 del Código Pena lprevé, para quienes "cometan actos lascivos o antinaturales con un individuo del mismo  sexo", penas de 6 meses a 3 años y multas de 11 a 110 €. Sin embargo, a pesar de existir el delito, la aplicación judicial del artículo ha sido muy escasa. Así, en los informes del Departamento de Estado de EEUU. Home Office, Human Rigths (HRW) ACNUR y Amnistía Internacional (AI) de 2008 no se han referencia a persecuciones de homosexuales en Marruecos. No obstante, el informe en su páginas 4 y siguientes describe supuestos concretos de persecución ocurridos en los años 2007 que se tradujeron en una condena de 6 hombres a una condena de 10 meses -por participar en una fiesta privada, escenificando una boda entre hombre, grabada y difundida por internet-, confirmada en el año 2009. No obstante, el instructor del expediente reconoce que algunos medios de
comunicación españoles, relataron la detención de 21 personas acusadas de homosexualidad en Mequinez, si bien no se ha conseguido obtener ninguna información sobre el tema, más allá de la publicación en los periódicos españoles; sin que en ningún informe de las asociaciones de Derechos Humanos se ha referencia a tales hechos.

En los informes del Departamento de Estado de 2011, 2012 y 2013, no se mencionan casos de persecución por razón de la homosexualidad. Si bien, en el de 2013 se hace referencia a la prohibición de desembarco de los pasajeros de un navío en puerto marroquí al ser posible que parte del pasaje fuese homosexual. En el informe del Departamento de Estado relativo a 2013 se hace referencia a la situación general de punición de la homosexualidad y a la existencia, de facto, de hechos discriminatorios por razón de la orientación sexual, sobre todo a nivel local, con reducida frecuencia. Siendo infrecuentes las denuncias por esta causa. Se trata, esencialmente, de un estigma social. No obstante, se hace referencia a que en mayo, la corte de Souk el-Arbaa, condenó por prácticas de indecencia pública a 3 hombres a 3 años de prisión. Los informes de AI de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no mencionan casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.

Los informes de HRW de 2010, 2011, 2012 y 2013 no mencionas casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.....En septiembre de 2008, tuvo lugar en España el Primer Congreso Internacional sobre "Derechos Humanos y Sociedad Civil y Homosexualidad en los países de mayoría musulmana" y, en relación con Marruecos se concluyó que mientras oficialmente la homosexualidad se persigue; en el ámbito privado es tolerada, no manifestándose una situación de persecución de los homosexuales marroquíes